El (necesario) reglamento de servicios digitales

Rosa Pla Almendros, ganadora del Premio Cañada Blanch-Universitat de València en la LSE 2023
21/03/2024

Las nuevas tecnologías y, en especial, las plataformas en línea están cambiando la forma en que nos comunicamos y relacionamos, la forma de viajar o hacer negocios. Hemos trasladado parte de nuestra vida al entorno en línea y la realidad cotidiana nos da buenos ejemplos de ello: preferimos poner una película en Netflix en vez de ir al cine, consultamos a Siri o a Google en caso de duda y hacemos con frecuencia la compra en línea.

 

Sin duda, esta nueva realidad digital —protagonizada por las plataformas en línea como Instagram, TikTok o Amazon— nos está facilitando y agilizando muchas tareas del día a día. Sin embargo, también nos expone a numerosos riesgos en la medida en que el espacio online también se utiliza para incitar al odio, vender productos falsos o servicios ilegales, difundir contenidos terroristas o pornografía infantil…

 

Precisamente para atajar estos desafíos, la Unión Europea promulgó en octubre de 2022 el Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales (“RSD” en adelante), que entró en funcionamiento el recentísimo 17 de febrero de 2024. En pocas palabras, esta nueva normativa comunitaria pretende que las plataformas en línea de dentro y fuera de la UE que se dirigen a los destinatarios de la UE dejen de campar a sus anchas y sus decisiones dejen de ser discrecionales. Entre otros, el RSD obliga a las plataformas en línea a asegurarse de la identidad de los vendedores de bienes y servicios que utilizan su plataforma para la venta, a dar a conocer a sus usuarios los principales parámetros en los que se basan sus sistemas de recomendación de contenidos, a ofrecer a sus usuarios la posibilidad de denunciar contenidos ilícitos o a incrementar la protección de sus usuarios menores de edad. Dicho de otro modo, si en los últimos días has comprobado que puedes evitar que te aparezcan anuncios o publicaciones recomendadas no deseadas en Instagram, que esta misma plataforma avisa a los menores cuando pasan en ella más de 10 minutos seguidos durante la noche, o que X —hasta ahora Twitter— permite reportar contenidos, no es casualidad.

 

Así, no cabe duda de que la aprobación del RSD debe ser aplaudida, ya que su objetivo —el de conseguir un entorno en línea seguro y fiable— resulta indispensable para reducir el contenido ilícito y dañino y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito digital tal y como se protegen en el mundo fuera de línea.

 

Ahora bien, aunque el RSD resuelve algunos problemas de relevancia jurídica, lo cierto es que también conlleva otros tantos. De entre ellos, el proyecto que se desarrollará gracias al premio de la Fundación Cañada Blanch pretende poner el foco en aquellos que cuentan con una repercusión jurídica transfronteriza, incluso más allá de la UE. En primer lugar, la investigación tendrá por objeto resolver aquellas cuestiones jurídicas derivadas del ámbito de aplicación territorial del RSD, esto es, de su despliegue de efectos no solo dentro sino también fuera de la UE. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el  RSD es uno de otros tantos instrumentos comunitarios dirigidos a afrontar el mundo digital, el proyecto estudiará la coordinación y complementariedad entre ellos. Por último, se abordará la forma de adaptar al contexto digital las normas comunitarias de la cooperación judicial civil, es decir, aquellas que se aplican en caso de conflictos privados transfronterizos.

 

En definitiva, con esta investigación se podrá contribuir a solventar algunos de los no pocos interrogantes que plantea el Reglamento de Servicios Digitales. Se trata de un objetivo nada desdeñable, ya que de este nuevo instrumento comunitario depende la calidad de la vida digital de los ciudadanos europeos, o lo que es lo mismo, su calidad de vida por entero.

Más información: Premio Cañada Blanch - UV en la LSE 2023